
Ante la ausencia de una reforma fiscal en 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará la fiscalización a través de revisiones electrónicas y realizar revisiones más detalladas de la mano de la nueva factura electrónica CFDI 4.0 que aportará más información a la autoridad.
Lo anterior advirtió el abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona, quien explicó que en estos últimos 5 años en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se han presentado aumentos, ni la creación de nuevos impuestos y para 2023 no se propuso una reforma fiscal.
Detalló que la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2023 prevé recursos por $8.3 billones, de los cuales $4.6 billones corresponde a impuestos, mientras que al interior de la recaudación $2.5 billones provendrán del Impuesto Sobre la Renta, $1.4 billones del Impuesto al Valor Agregado y $486,212 millones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Pickett Corona expuso que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) indicó en su prospectiva tributaria rumbo al 2023 que el SAT apuesta a un programa de trabajo enfocado en aumentar la eficiencia recaudatoria y la cobranza sin necesidad de judicialización, así como utilizar las facultades que obtuvo en las reformas fiscales de 2021 y 2022.
“Lo anterior quiere decir que el fisco buscará fortalecer la vigilancia y el control de las obligaciones de los contribuyentes, mejorar la eficiencia recaudatoria mediante la obtención de información relevante y el empleo de tecnología disponible, y continuará con el envío de cartas invitación, requerimientos de obligaciones y mensajes de interés”, expresó.
Por otra parte, el abogado fiscalista comentó que La revisión electrónica es el ejercicio de una facultad de comprobación del SAT, pero a través del uso del buzón tributario y utilizando información que ya tiene la autoridad.
En ese sentido, dijo que para que se lleve a cabo la revisión electrónica el SAT se basará en cuatro elementos: la información de la contabilidad que haya presentado el contribuyente; las declaraciones; los CFDI que se expiden y no se expiden, y que tienen que timbrarse forzosamente con el SAT, y la información de ingresos y gastos que se pida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).